Declaración del Grupo de Trabajo CLACSO

Pensamiento jurídico crítico

En los días pasados con movilizaciones y protestas, los pueblos del Ecuador han venido exigiendo la derogatoria del Decreto 883 expedido por el presidente Lenín Moreno que dispuso la eliminación del subsidio a la gasolina extra y al diésel, instrumento que se responde con los dictados del Acuerdo que este gobierno ha suscrito con el FMI.

Frente a estas medidas que golpean significativamente la economía de las y los ecuatorianos y que promueven una profundización de la desigualdad, numerosas organizaciones sociales, campesinas y pueblos indígenas del Ecuador han llamado a ejecutar un Paro Nacional el día 9 de octubre como forma de rechazo a las referidas disposiciones del gobierno de Moreno y a otros decretos subsecuentes del Ejecutivo que establecen medidas sumamente restrictivas de los derechos humanos y constitucionales.

En este contexto, la reacción del gobierno de Moreno ha sido represiva. Evocando los peores momentos de la historia de Nuestra América, durante los regímenes militares de hace cuatro y cinco décadas y en el contexto del estado de excepción decretado por Moreno, y que la Corte Constitucional ha justificado mantener por 30 días, se ha declarado toque de queda y se ha procedido a militarizar muchos lugares públicos, incluso con el empleo de material propio de una situación de guerra. La arremetida de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra las expresiones de descontento social se ha sellado con más de un medio millar de detenidos, cifra que va creciendo.

Se suma a ello la obstaculización a organismos como la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos para cumplir su papel de velar por los derechos de las personas detenidas.

En razón de lo sintéticamente descrito, como Grupo de Trabajo:

Consideramos urgente que se deroguen el estado de excepción y las medidas asociadas a él. La actuación de las fuerzas públicas no puede desarrollarse por fuera de los estándares internacionales de derechos humanos.

Condenamos las formas de uso desmedido de la fuerza contra la población civil y en particular aquellas que serían lesivas hacia niños, niñas y adolescentes, otros sujetos vulnerables y también personas que ejercen actividades de información y comunicación.

A la vez que nos pronunciamos por el respeto irrestricto a la libertad de expresión y el derecho a la información, condenamos el cerco mediático que ha sido desplegado por la mayoría de grandes medios de comunicación.

Exhortamos se promueva el uso de mecanismos constitucionales para poder exigir el examen del acuerdo con el FMI y poder conseguir su nulidad.

Exhortamosa cesar un uso de la institucionalidad del Estado y en particular de sus organismos de control y de justicia, a la vez que un uso del discurso jurídico para propiciar un ambiente favorable a legitimar y normalizar violaciones de derechos sustantivos y consolidar una situación de impunidad y un estado de cosas inconstitucional.

Exhortamos igualmente a trabajar desde el derecho por cambiar los esquemas con los cuales se mira y se norma la otredad en Ecuador y en América Latina. Condenamos en tal sentido posibles medidas y expresiones dirigidas a anular a quien es diferente, a promover el fanatismo, el racismo, el regionalismo y la división entre los pueblos del Ecuador.

Esperamos que todas las violaciones de derechos humanos que pueden haberse cometido sean conocidas, investigadas y debidamente sancionadas, garantizando no repetición de estas, especialmente, lo que tiene que ver con la criminalización a la protesta social.


 Octubre de 2019  

Grupo de Trabajo CLACSO
Pensamiento jurídico crítico