JUSTICIA PARA BERTA CÁCERES, SOLIDARIDAD CON HONDURAS

ENEKO GERRIKABEITIA, MIREN SAIZ, JESUS GONZÁLEZ, ANA ETXARTE, JAVIER HERRÁN, IVANA BELÉN RUIZ, JOKIN ALBERDI Y GONZALO FERNÁNDEZ

PLATAFORMA ELKARTASUNA ERALDATUZ

JUSTICIA PARA BERTA CÁCERES, SOLIDARIDAD CON HONDURAS

Hoy en día, el proyecto ha sido derrotado. No se construirá la presa. Berta ha vencido.

2019/03/03

El 3 de marzo de 2016 asesinaron a Berta Isabel Cáceres Flores pensando, erróneamente, que con ello terminarían con su historia de resistencia, su memoria y su lucha.

Una lucha en la que el pueblo Lenca y el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) enfrentan la privatización de los ríos –fuente de su vida y cultura–, la voracidad de industrias extractivas –que cuentan con el apoyo del Estado hondureño a través de múltiples contratos y concesiones– y el desalojo de sus propias tierras.

La construcción de la presa de Agua Zarca ejemplifica dramáticamente este conflicto capital-vida: el Gobierno concede la licencia de obra en un territorio indígena sin consulta previa, privatiza el río del que dependen sus habitantes, el capital transnacional participa con financiación europea y construcción por parte de una empresa china y las comunidades se enfrentan al despojo, la criminalización, la violencia y la impunidad.

Hoy en día, el proyecto ha sido derrotado. No se construirá la presa. Berta ha vencido.

Aun así, la situación en Honduras ha empeorado. Se han agudizado las políticas neoliberales y ha aumentado el intervencionismo transnacional. Las concesiones mineras se realizan prácticamente en secreto al amparo de un Decreto Ley de 2018. Organismos internacionales señalan índices de pobreza superiores al 70% en un ambiente de impunidad del 90% de los casos de violencia que se denuncian. Denuncias del movimiento campesino, con 15.000 familias en proceso de recuperación de tierras que se enfrentan al delito penal de usurpación; del movimiento LGTBI, del feminista, de la juventud que ocupa las universidades; de los defensores de derechos humanos. Todo ello en un contexto de presión cada vez mayor de cárteles de la droga y de iglesias fundamentalistas, donde el delito de terrorismo aprobado en 2018 ejerce de contención disuasoria de protestas y movilizaciones y con 165 presos políticos tras el fraude electoral de 2017, orquestado con la complicidad de los EEUU y la UE.

Es preciso que el asesinato de Berta Cáceres no quede impune. Hay 8 personas condenadas –a la espera de sentencia definitiva– por la autoría material, pero es preciso continuar hasta identificar la autoría intelectual para garantizar la asunción completa de responsabilidades.

Debemos ahondar en nuestra solidaridad contra los megaproyectos y en favor del pueblo hondureño, que debe ser política y de cuestionamiento de este sistema biocida. Todas las instituciones de la UE tienen un compromiso con Honduras en particular, pero también con la región y con América en general, que no debe reducirse a más o menos cooperación internacional, sino sobre todo al control, seguimiento y sanción de sus empresas, así como en la defensa explícita de los derechos humanos frente a la depredación corporativa.

La familia de Berta ratifica la necesidad de seguir acompañando el proceso judicial, así como de ampliar la solidaridad con Honduras. A pesar de que enfrentan poderosos intereses y de que el proceso va a ser difícil y no exento de riesgos, su espíritu de lucha es grande. En palabras de Berta: «el mayor acto de rebeldía es conservar la alegría frente a los que intentan que nos quedemos calladas y tristes».